Entre Ríos, una de las provincias más perjudicadas por las medidas de Massa y Milei

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei y hasta septiembre de este año, el recorte en transferencias del gobierno nacional a las provincias acumula una pérdida de $10,5 billones, según expuso un informe elaborado por la consultora ACM.

No obstante, el estudio advierte que la caída de ingresos provinciales también proviene de “una base fiscal debilitada” por el gobierno del expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía, Sergio Massa. Según detallan, se llegó a esta situación como “consecuencia de acciones ejecutadas antes de las últimas elecciones” presidenciales.

El informe contabilizó, por un lado, los recortes en transferencias de carácter presupuestario “discrecional” que llevó a cabo el gobierno libertario y, por otro, la drástica caída en las transferencias automáticas del Régimen de Coparticipación Federal, cuya responsabilidad recae al gobierno anterior.

La consultora ACM asegura que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las transferencias discrecionales cayeron en un 72,2%, ajustado por precios, en tanto que los envíos automáticos lo hicieron en un 13,2%, dando lugar a una caída combinada del 20,5%.

Según el relevamiento, el ajuste fiscal del gobierno nacional actual recae principalmente en los recortes de las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, que vieron caer de manera “drástica sus ingresos”, en el marco de una coyuntura desfavorable de las administraciones locales, pero también de las decisiones tomadas por la gestión precedente en 2023.

El estudio, elaborado por los economistas Francisco Ritorto y Christian Naud, señala: “Para dar una idea de la magnitud de estas caídas, sólo hay que contemplar que ambas fuentes explicaron el 49,6% de los recursos provinciales en 2023”.

 

La caída de los ingresos, en números

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumulan una pérdida de $10,5 billones desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023, y hasta septiembre de 2024. Del total, $5,9 billones tienen origen en la caída de los giros por coparticipación y el resto, $4,6 billones, responden al recorte sobre las transferencias presupuestarias.

El estudio indica que la caída de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, vinculada a las decisiones tomadas por el exministro de Economía, Sergio Massa, (Decreto 473/23 y Ley 27.725), redujo los niveles de imposición para las personas físicas y generó el mayor impacto. En ese sentido, se destaca que por la pérdida del Impuesto a las Ganancias se explica más del 25% de la caída en los ingresos provinciales, calculada en unos $2,7 billones.

Por otra parte, el estudio menciona que el recorte en las transferencias discrecionales de capital realizadas en el gobierno de Milei equivaldría a unos $2,5 billones. En tanto, $2,2 billones corresponderían a IVA y los giros discrecionales para programas de gasto corriente representarían $2,1 billones. De esta manera, se explica en conjunto el 90% de la pérdida acumulada.

 

La situación de Entre Ríos y las otras provincias

Según analizó el estudio de la consultora ACM, la provincia de Entre Ríos sufrió una caída en los envíos automáticos equivalente a $276.648 millones, en valores absolutos. Es la quinta provincia más afectada.

En ese sentido, se informó que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por el recorte, ya que acumula una pérdida de $1.351.692 millones.

Le sigue Santa Fe con una caída de $509.034 millones y Córdoba, con $502.813 millones. En la lista continúa Chaco, con una pérdida de $282.837 millones.

El estudio indica que las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei se hacen sentir directamente sobre las provincias “a través de la reducción en las transferencias discrecionales”, mientras que las decisiones del gobierno del expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía, Sergio Massa, dejaron una “base fiscal debilitada que ahora enfrenta un contexto de ajuste aún más restrictivo”.

En su informa, la consultora concluye indicando que “ambos enfoques, aunque diferentes, han dejado a las provincias en una situación desafiante, expuestas a los vaivenes de la política económica nacional y con una creciente dependencia de los recursos que se asignan desde el gobierno nacional. La situación actual plantea la necesidad de un replanteo en el modelo de financiamiento provincial, uno que permita un federalismo fiscal más equilibrado”.