El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales del país, tras detectar graves problemas en sus indicadores de solvencia. La decisión provocó restricciones para operar y acceder a los depósitos de sus aproximadamente tres millones de clientes, entre ellos ahorristas, jubilados y organismos públicos.
La situación generó preocupación en el sistema financiero paraguayo y abrió un fuerte conflicto político. En medio de la crisis, el presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y anunció que impulsaría medidas para acelerar la devolución del dinero a los afectados.
La autoridad monetaria inició un proceso de resolución que busca determinar la situación económica del banco, proteger sus activos y establecer los mecanismos para responder a las obligaciones con los depositantes.
Por qué fue intervenido Ueno Bank
La decisión del Banco Central se produjo después de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las normas financieras.
El problema salió a la luz durante una revisión de los estados contables del banco, en el marco de un proceso de regularización de sus cuentas.
Como consecuencia de la intervención, quedaron suspendidas las operaciones bancarias y numerosos clientes comenzaron a experimentar dificultades para utilizar la aplicación, realizar transferencias y operar con sus tarjetas.
Mientras tanto, los responsables de la intervención iniciaron una revisión de los activos y las deudas de la entidad para determinar su situación patrimonial.
Qué pasará con los ahorros de los clientes
Una de las principales preocupaciones es qué sucederá con el dinero depositado por los clientes.
Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que protege los ahorros hasta un límite equivalente a 75 salarios mínimos por persona y por entidad financiera.
En este caso, la cobertura alcanza los 228.300.000 guaraníes por depositante, una suma equivalente a unos 38.000 dólares.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, alrededor del 97% de los clientes tendría la totalidad de sus ahorros dentro del monto protegido por esta garantía.
Quienes tengan depósitos superiores a ese límite deberán esperar el resultado del proceso de resolución para conocer cuánto podrán recuperar.
El Banco Central cuenta con un plazo inicial de 15 días para devolver los depósitos cubiertos por la garantía, aunque ese período puede extenderse por otros 15 días.
Preocupación por los fondos de jubilados y organismos públicos
La intervención también generó preocupación por la presencia de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera.
Uno de los organismos involucrados es el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía depósitos e inversiones en Ueno Bank.
También quedaron bajo revisión recursos pertenecientes a otras cajas jubilatorias y organismos vinculados con la administración pública.
Ante esta situación, el Gobierno anunció que impulsaría un proyecto de ley para facilitar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos y acelerar la devolución del dinero.
La iniciativa también buscaría establecer mecanismos para recuperar los recursos de las instituciones previsionales y otros organismos estatales afectados.
En medio de la polémica, el presidente Santiago Peña aseguró que se trata de un problema particular de una entidad financiera y no de una crisis general del sistema bancario paraguayo.
La crisis también alcanza al Gobierno de Santiago Peña
La intervención de Ueno Bank abrió un frente de conflicto político debido a los vínculos comerciales que el presidente Santiago Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial propietario de la entidad.
El mandatario tuvo relaciones comerciales con ese grupo hasta marzo de 2025. Sin embargo, desde el banco aclararon que Peña nunca fue accionista ni inversor directo de la institución financiera.
Otro de los puntos cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central. Antes de ocupar ese cargo, había tenido responsabilidades directivas dentro de Ueno.
Su nombramiento había generado cuestionamientos por un posible conflicto de intereses. Desde la autoridad monetaria señalaron que Carvallo se había apartado de las decisiones vinculadas con la entidad.
Tras el pedido de renuncia realizado por Peña, el funcionario confirmó que había firmado su dimisión, aunque permanecería temporalmente en funciones para supervisar el procedimiento de intervención.
Investigan posibles irregularidades en los préstamos
La investigación también apunta a posibles irregularidades en créditos otorgados a empresas relacionadas con los propietarios de Ueno Bank.
Según las primeras observaciones, durante junio los supervisores detectaron operaciones que podrían haber incumplido las restricciones establecidas para los préstamos entre compañías vinculadas.
Posteriormente, se identificaron otras inconsistencias en la documentación crediticia y problemas relacionados con determinados servicios informáticos.
Las autoridades anunciaron que analizarán las operaciones para establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.
La investigación también avanzó sobre los directivos de la entidad. En el marco de las actuaciones judiciales, siete integrantes de la conducción del banco fueron detenidos, según la información difundida el 4 de noviembre.
La oposición impulsa un juicio político contra el presidente
Las consecuencias de la crisis financiera también llegaron al Congreso paraguayo.
Legisladores de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Desde el denominado Bloque Democrático cuestionaron la exposición de fondos públicos en Ueno Bank y reclamaron investigar las decisiones que permitieron que organismos estatales y cajas previsionales mantuvieran recursos en la entidad.
La senadora Esperanza Martínez planteó la necesidad de ampliar las investigaciones para determinar si existieron responsabilidades políticas en el manejo de esos fondos.
Además, se anunciaron presentaciones ante el Ministerio Público contra integrantes del directorio del Banco Central y administradores de Ueno Bank, con el objetivo de esclarecer las posibles irregularidades.
El procedimiento de juicio político debe comenzar en la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la acusación. Si esa instancia prospera, el Senado será el encargado de actuar como tribunal.
La intervención de Ueno Bank se convirtió así en un problema que excede el ámbito financiero: además de la incertidumbre de miles de ahorristas, abrió una investigación sobre el manejo de los recursos públicos y generó una fuerte disputa política en Paraguay.
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