El Gobierno de Entre Ríos declaró la emergencia y el desastre agropecuario para productores ganaderos y apícolas de las zonas de islas y terrenos anegadizos de seis departamentos de la provincia. La medida estará vigente desde el 1º de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 y contempla beneficios impositivos para quienes hayan sufrido pérdidas a causa de las inundaciones.
La decisión fue establecida mediante el decreto provincial 3.692, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.
La emergencia alcanza a las explotaciones productivas ubicadas en zonas afectadas por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, dentro de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
Además, el Gobierno provincial inició gestiones ante las autoridades nacionales para solicitar el reconocimiento de la emergencia agropecuaria a nivel nacional.
Beneficios impositivos para los productores
Uno de los principales puntos de la medida es el diferimiento de los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural correspondientes a 2026 y 2027.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) deberá trasladar esos vencimientos al 31 de enero de 2028 para los productores comprendidos en la emergencia.
También se estableció un plan de facilidades de pago opcional de hasta tres cuotas mensuales consecutivas y sin intereses de financiación. La primera cuota tendrá vencimiento el 10 de marzo de 2028.
Por otra parte, se contempla la condonación de las multas y los intereses generados por los pagos fuera de término durante el período establecido.
En los casos de productores que sean reconocidos oficialmente en situación de desastre agropecuario, se aplicará una exención del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. El porcentaje de la exención será equivalente al nivel de pérdidas que figure en el certificado de desastre otorgado a cada productor.
Cómo acceder a los beneficios
Para quedar incluidos en los alcances de la emergencia, los productores deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos.
El documento deberá contar con la firma de un profesional matriculado de las ciencias agropecuarias y estar certificado por una entidad pública o privada vinculada al sector afectado.
A partir de esa documentación, el Ministerio de Desarrollo Económico será el encargado de emitir los certificados oficiales necesarios para acceder a los beneficios previstos.
Importantes pérdidas en la ganadería y la apicultura
La declaración de emergencia se fundamenta en los informes técnicos elaborados por distintos organismos e instituciones, que evaluaron las consecuencias de las inundaciones sobre las actividades productivas en las zonas afectadas.
En el caso de la ganadería, se registraron importantes perjuicios económicos y productivos. Entre ellos se encuentran la reducción de la productividad, la necesidad de vender animales de manera anticipada y a precios inferiores, y los mayores gastos para alimentar y trasladar la hacienda.
También se señalaron los costos adicionales que deben afrontar los productores para alquilar campos donde reubicar los animales, además de las dificultades operativas y sanitarias que implica el traslado.
Según las evaluaciones realizadas, la afectación supera el 50% de la capacidad productiva ganadera en las zonas alcanzadas.
La actividad apícola también sufrió consecuencias importantes. Las inundaciones afectaron apiarios ubicados en humedales, islas y sectores costeros, provocando pérdidas directas y dificultades para retirar y trasladar las colmenas hacia lugares seguros.
A esto se suman los problemas productivos, sanitarios y económicos derivados de la permanencia del agua en las zonas de producción.
Los organismos que participaron de la evaluación
La situación fue analizada en el ámbito de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, con información aportada por especialistas y distintos organismos técnicos.
Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las áreas provinciales de Hidráulica, Obras Sanitarias y Producción Animal, y Prefectura Naval Argentina.
La decisión también tiene como antecedente el decreto provincial 2.660, del 29 de agosto de 2026, mediante el cual se declaró la emergencia hídrica en todo el territorio entrerriano ante el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño.
Con esta nueva medida, la Provincia busca brindar alivio fiscal a los productores afectados por las inundaciones y facilitar la recuperación de las actividades ganaderas y apícolas en las zonas de islas y anegadizos.
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