España se suma a la ola regulatoria contra las grandes plataformas: cómo buscan otros países proteger a los menores en redes sociales
España irrumpió en el debate internacional sobre el acceso de menores de edad a redes sociales. El presidente Pedro Sánchez anunció nuevas medidas y la apertura de una investigación judicial a plataformas como X, Meta y TikTok por la difusión de contenidos ilícitos generados con inteligencia artificial. La iniciativa española se suma a una ola regulatoria global que busca proteger a los jóvenes y salvaguardar la salud mental ante los riesgos de la tecnología.
El Gobierno español solicitó a la justicia investigar a estas plataformas por el auge de la pornografía infantil creada con inteligencia artificial, lo que generó alarma entre autoridades y familias. El periodista Alberto López Marín recordó que Sánchez anunció la medida el 4 de febrero y la presentó como una respuesta urgente por su “impacto en muchos jóvenes en España”. El mandatario también reclama que los “tecn oligarcas”, propietarios de estas empresas, sean responsables de los contenidos que circulan en sus redes.
En paralelo, España avanza hacia un mayor control sobre las plataformas digitales. La ley de servicios digitales de la Unión Europea exige la creación de organismos nacionales de supervisión, aunque no todos los países han implementado esa regulación. López Marín advirtió que establecer controles realmente eficaces es complejo, ya que los jóvenes suelen encontrar formas de sortearlos y el alcance global de internet añade obstáculos adicionales.
Casos en otros países
El caso español refleja una corriente regulatoria que cruza fronteras. En Australia, se prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años y se establecieron multas para las empresas que no verifiquen la edad de sus usuarios. Francia fija el límite en 15 años, mientras que Portugal exige control parental para menores de 16. España sigue una tendencia restrictiva similar, aunque su marco legal y los métodos de fiscalización todavía están en desarrollo.
La regulación enfrenta desafíos tecnológicos, legales y éticos. El carácter mundial de las plataformas y la facilidad con que se pueden eludir los controles limitan la capacidad de actuar de cada país, según López Marín. Además de las dificultades técnicas, el crecimiento de la desinformación, la publicidad encubierta y la proliferación de contenidos violentos o sexuales profundizan el debate sobre la responsabilidad tanto de las plataformas como del Estado.
El fenómeno de la adicción digital afecta también a los adultos. Según López Marín, asociaciones de padres y expertos detectan que el apego al teléfono móvil se convirtió en un comportamiento cotidiano y transversal, que modifica hábitos y rutinas en toda la sociedad.
El debate sobre el rol del Estado y el papel de las familias se replica en América Latina, especialmente en Argentina. Las discusiones sobre permitir o prohibir el acceso de los menores a determinadas aplicaciones, y el alcance de la intervención gubernamental, siguen dividiendo tanto a la opinión pública como al escenario político.
Las nuevas regulaciones y los controles parentales propuestos en Europa evidencian el esfuerzo por encontrar fórmulas que salvaguarden a los menores sin renunciar al derecho a la información ni frenar el desarrollo tecnológico. La búsqueda de medidas efectivas continúa, y la educación digital junto a la transmisión de valores desde el ámbito familiar ganan importancia como herramientas complementarias.
Para muchos especialistas, el uso abusivo de las redes sociales ya se enfrenta en numerosos países como una forma de adicción tecnológica con graves consecuencias para el bienestar emocional y la salud mental de las nuevas generaciones.
