El peritaje realizado al celular del contratista encargado de remodelar la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores hacia una sospecha inesperada. La Justicia analiza si una empleada de la Vocería Presidencial prestó su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería de alta gama en la tienda Rosen The Store.
La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en el área de Medios y Comunicación desde 2011 y se desempeñaba como secretaria privada en la vocería. El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga al jefe de los ministros por presunto enriquecimiento ilícito, halló en el teléfono del contratista una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.
Para esa fecha, la familia del funcionario se encontraba finalizando las refacciones de la propiedad en Exaltación de la Cruz, meses antes de formalizar la adquisición de un semipiso en el barrio porteño de Caballito.
El rol del contratista y los detalles de la compra
En su declaración testimonial, el contratista reconoció que su vínculo con el funcionario trascendió lo estrictamente edilicio. Según detalló, se convirtió en una suerte de gestor: todo lo que el entorno del entonces vocero necesitaba para sus nuevas propiedades se lo encargaban a él, quien actuaba como intermediario con los proveedores a cambio de una comisión.
Ahora, los investigadores buscan determinar si este mecanismo también se aplicó en la factura encontrada en el teléfono secuestrado. La adquisición se realizó en una firma conocida por comercializar artículos de blanquería de alta calidad y elevado costo.
Ultimátum judicial a la empresa proveedora
La información indica que el fiscal le otorgó a la empresa un plazo perentorio de 72 horas para aportar toda la documentación vinculada a la operación, el pago y la entrega de los productos, con el objetivo de esclarecer quién fue el destinatario final de la compra millonaria.
Por orden del juez de la causa, Ariel Lijo, la firma comercial deberá precisar:
El medio de pago utilizado, la fecha y la modalidad de cancelación.
La identidad de la persona que efectuó el desembolso de dinero.
El domicilio de entrega y el nombre de quién retiró o recibió la mercadería.
Asimismo, la fiscalía requirió la presentación de comprobantes de pago, remitos y cualquier comunicación comercial relacionada con los ocho millones de pesos facturados.
Cruce de visitas en la Casa Rosada
El nombre de la secretaria privada ya figuraba en la causa, asociada a los registros de ingresos a la Casa Rosada. En particular, se detectó una coincidencia de fechas en octubre de 2025, cuando la empleada ingresó a Balcarce 50 el mismo día en que el jefe de Gabinete se reunió con el gestor de la compraventa del departamento de Caballito y con su propia esposa.
La causa por enriquecimiento ilícito avanza firmemente luego de que el funcionario justificara públicamente el incremento de su nivel de vida basándose en unos 500.000 dólares en ahorros previos no declarados, los cuales habría comenzado a utilizar tras asumir en la función pública. El Ministerio Público Fiscal ya solicitó una batería de medidas de prueba para verificar esta coartada y analizar supuestas operaciones financieras previas vinculadas al mercado de criptomonedas.
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