Farmacéuticos piden que el gobernador vete una Ley

El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos expresó su rechazo la sanción de la Ley que busca regular la fabricación y comercialización de los productos médicos en la provincia, al considerar que se trata de una iniciativa «oculta y especulativa» que no respeta las normativas nacionales y provinciales vigentes.

La Ley, aprobada de forma definitiva por la Cámara de Diputados a fines de noviembre, establece normas que regulan la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio provincial. “Esta ley establece un marco legal que favorecerá a todos los que utilizan algún producto médico”, expresó el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).

Al respecto, el Colegio de Farmacéuticos solicitó al gobernador de la provincia que ejerza su facultad de veto sobre esta ley y advirtió que «acarrearía muchos más problemas que soluciones».

Según el Colegio, el proyecto de ley ignora el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es el organismo encargado de fiscalizar y controlar la fabricación de productos médicos en todo el país, con el aval de organizaciones internacionales como el MERCOSUR y la OMS.

La institución también sostuvo que la aplicación de esta Ley convertiría a Entre Ríos en una «isla sanitaria», con productos médicos locales que no podrían ser comercializados ni utilizados fuera de la provincia, lo que afectaría la seguridad y la competitividad del sector.

Asimismo, afirmó que su posición se basa en el interés de defender la salud pública y el ejercicio profesional de los farmacéuticos, y que está dispuesto a dialogar con las autoridades para buscar soluciones consensuadas.

La Ley
La Ley precisa que el Ministerio de Salud de la Provincia, como Autoridad de Aplicación, deberá controlar, habilitar y fiscalizar la calidad de los productos fabricados para su comercialización en Entre Ríos y podrá requerir a tales efectos la intervención de los colegios profesionales u otras instituciones con competencias en la materia.

El control de calidad se deberá hacer sobre todos los productos médicos que se fabriquen dentro de la provincia o fuera de ella y que ingresen a territorio entrerriano para su utilización en seres humanos.

Los establecimientos, por su parte, deberán contar con un responsable técnico, el que debe ser profesional de nivel universitario, capacitado en las tecnologías que componen el producto médico.

A su vez, toda actividad de fabricación, producción y comercialización de productos médicos que no respete las prescripciones legales o ponga en riesgo la salud de la población y toda alteración o falsedad de la información presentada, dará lugar a la aplicación de las sanciones, sin perjuicio de las penas establecidas en el caso que la conducta configure delito.

Las sanciones podrán ser apercibimiento, multas, suspensión de la habilitación del establecimiento, por un término de hasta cinco años; clausura temporaria o definitiva del establecimiento; suspensión e inhabilitación del responsable técnico y demás profesionales responsables, por un lapso de hasta cinco años.

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El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos solicita al Sr. Gobernador de la provincia que ejercite su facultad de veto de una futura ley sin sentido y que, de promulgarse, acarrearía muchos más problemas que soluciones.

Se ha tomado conocimiento que, de manera oculta y especulativa, aprovechando el inminente cambio de gobierno, fue aprobado un proyecto que pretende regular las actividades de fabricación y comercialización de los llamados “productos médicos”, ignorando por completo la existencia de reglamentaciones ya vigentes a nivel nacional y provincial.

Es por ello que es una obligación ineludible el manifestarse y poner en conocimiento a las autoridades y la sociedad de esta grave y perjudicial situación. Así, bajo el disfraz de una pretendida innovación, potenciación económica local y bienestar sanitario, se esconde una jugada política que aumentará el gasto público, sin aportar beneficios en los aspectos de seguridad para el pueblo entrerriano.

Hay que tener presente que la fabricación de productos médicos se encuentra fiscalizada y controlada de manera eficiente por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) en todo el territorio del país. Este organismo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales que involucran al MERCOSUR y a la OMS.

De tal forma, la pretensión de lograr los estándares equivalentes de seguridad para la población entrerriana es un argumento erróneo, por ser ello innecesario y, además, contraproducente. Ello por cuanto los productos médicos producidos de la manera ahora pretendida en la provincia no tendrán competitividad fuera del territorio de Entre Ríos.

La aplicación de esta ley pondrá a Entre Ríos en la condición de una ISLA SANITARIA, con productos médicos de origen local que no podrán traspasar las fronteras limítrofes de la provincia para ser comercializados o empleados de manera no onerosa, en otras provincias del país y menos todavía fuera de la Argentina; ya que no contarán con el aval de un organismo del calibre de ANMAT.

Por otro lado, y en cuanto a la comercialización de productos médicos, también ya se encuentra reglamentada en los aspectos de habilitación, fiscalización y control a nivel provincial, por un robusto cuerpo normativo que comprende desde Leyes hasta resoluciones Ministeriales en Salud, las cuales atienden de manera particular y eficiente cada aspecto y actor de la cadena sanitaria (Droguerías, Ópticas, Farmacias, Casas de Ortesis, entre otras).

Por todo lo expresado, la única conclusión posible es que el motivo de la implementación de esta nueva ley no tiene por objeto la mejora de la calidad y seguridad en lo referido a productos médicos, sino que la impulsa la necesidad de favorecer intereses particulares, que aumentarán el costo del presupuesto provincial (más cargos públicos y mayores gastos administrativos y técnicos).

En suma, el proyecto recién aprobado por la Cámara de Diputados adolece de errores conceptuales y yerra en su espíritu, ya que pretende regular lo que ya está regulado de manera correcta.

Hacemos votos para que el Sr. Gobernador, en uso de sus facultades constitucionales, proceda a su veto para evitar el perjuicio que tal normativa ocasionaría a la sociedad entrerriana.

Fuente: UNO