La causa conocida como “Jóvenes Emprendedores” registró un importante avance judicial luego de que cuatro de los principales imputados reconocieran su participación en el desvío de fondos públicos destinados a programas de apoyo al emprendedurismo en Entre Ríos.
Pedro Gebhart, Cristian Klein, Claudio Rosas Vico y Alejandro Usatinsky firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admitieron haber integrado una estructura que desvió 100.886.972 pesos de las arcas provinciales entre enero de 2018 y diciembre de 2022.
El acuerdo fue presentado ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, e incluye una pena de tres años de prisión condicional, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso de reintegrar el monto determinado en la investigación mediante un depósito conjunto dentro de los próximos 60 días.
Cómo operaba la maniobra
Según pudo saber INFORME 3, la investigación determinó que los exfuncionarios utilizaron el programa destinado a promover emprendimientos productivos para gestionar de manera irregular 319 créditos, que habrían sido otorgados mediante expedientes apócrifos y documentación falsificada.
Mientras Pedro Gebhart, Cristian Klein y Claudio Rosas Vico fueron imputados por el delito de peculado reiterado, Alejandro Usatinsky, quien no integraba la administración pública, fue acusado como partícipe necesario de la maniobra.
De acuerdo con la pesquisa, la organización captaba estudiantes, personas desempleadas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, a quienes les solicitaban datos personales bajo la promesa de acceder a ayudas estatales no reintegrables.
La investigación sostiene que, una vez aprobados los supuestos proyectos, los beneficiarios eran acompañados a las entidades bancarias para retirar el dinero. Posteriormente entregaban la mayor parte de los fondos a los integrantes de la organización y conservaban únicamente sumas reducidas.
La maniobra también incluía la confección de emprendimientos inexistentes, firmas presuntamente falsificadas, facturas apócrifas, declaraciones juradas falsas y otras documentaciones destinadas a justificar las rendiciones de cuentas y evitar los controles administrativos.
Con Información de AHORA
La investigación continúa
Pese al reconocimiento de responsabilidad de los cuatro imputados, la causa aún no concluyó. La Justicia deberá avanzar ahora sobre la situación procesal de otros acusados que habrían participado como reclutadores o colaboradores en la operatoria investigada.
Entre ellos figuran Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas y Pablo Frutos, quienes permanecen imputados mientras continúa el proceso judicial.
Un caso que dejó interrogantes
La investigación judicial se centró en determinar las responsabilidades penales de quienes habrían ejecutado la maniobra fraudulenta dentro del programa provincial.
Al mismo tiempo, el expediente abrió interrogantes sobre los mecanismos de control interno durante el período en que se habrían concretado las irregularidades, teniendo en cuenta que la operatoria investigada se extendió durante casi cuatro años e involucró más de 300 créditos presuntamente irregulares.
Hasta el momento, la investigación no atribuyó responsabilidades penales a las máximas autoridades políticas de las áreas involucradas, aunque el desarrollo de la causa continúa bajo análisis de la Justicia.
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