En el marco del programa de Regularización Dominial que impulsa el gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se concretó la firma de escrituras para familias de las ciudades de Diamante y General Ramírez.
Los actos contaron con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; el vocal Eduardo López Segura; la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el diputado provincial Lenico Aranda; la directora de la Regional Oeste, Claudia Matteoda; el intendente de Diamante, Ezio Gieco; y la intendenta de Ramírez, Flavia Pamberger.
Según pudo saber INFORME 3, las escrituras corresponden a los barrios 20 y 51 Viviendas de Diamante, además del barrio 20 Viviendas de General Ramírez, beneficiando a numerosas familias que avanzan así en la regularización definitiva de sus hogares.
Desde el organismo provincial destacaron que la entrega de escrituras forma parte de una política destinada a brindar seguridad jurídica a los adjudicatarios de viviendas sociales y garantizar el acceso pleno al derecho de propiedad.
En ese sentido, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que estas acciones responden al compromiso de la gestión provincial de otorgar tranquilidad a las familias entrerrianas mediante la titularización de sus viviendas.
Asimismo, remarcó que contar con la escritura representa una herramienta fundamental para consolidar el patrimonio familiar, ya que brinda certeza legal sobre la propiedad y permite proyectar el futuro con mayor estabilidad.
El Programa de Regularización Dominial se desarrolla mediante un trabajo articulado entre distintos organismos e instituciones. Para ello, el IAPV coordina tareas con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles en la realización de mensuras, mientras que las escrituras se concretan junto al Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno.
La iniciativa busca continuar avanzando en la regularización de viviendas construidas por el Estado provincial, otorgando a sus adjudicatarios la documentación definitiva que acredita la titularidad de los inmuebles.
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