Jóvenes Emprendedores: el Gobierno buscará recuperar más de un millón de dólares por el fraude al Estado

El Gobierno de Entre Ríos avanza con acciones para recuperar más de un millón de dólares correspondientes a recursos públicos que, según la investigación judicial, fueron sustraídos en el marco del programa Jóvenes Emprendedores durante la gestión anterior.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico ratificaron que la administración provincial colaboró activamente con la investigación penal desde sus inicios, mientras que la Fiscalía de Estado trabaja en una demanda civil con el objetivo de obtener el reintegro de los fondos al Estado.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que la causa no se limita a irregularidades administrativas, sino que responde al accionar de una organización delictiva destinada a defraudar al Estado. Además, remarcó que desde el momento en que se detectaron las anomalías se aportó documentación y pruebas para colaborar con la Justicia.

Durante la investigación también se recuperó documentación que habría sido objeto de intentos de destrucción antes del cambio de gestión, situación que forma parte del material incorporado a la causa judicial.

Bernaudo afirmó que los hechos investigados se habrían extendido durante aproximadamente cuatro años y alcanzan alrededor de 750 casos, de acuerdo con los relevamientos efectuados. En ese contexto, indicó que la Fiscalía de Estado impulsará el recupero de la totalidad de los fondos, cuyo monto supera el millón de dólares.

El funcionario también señaló que ninguna de las personas involucradas continúa desempeñándose dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico y mencionó que Pedro Gebhart fue trasladado al Senado durante la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora. Posteriormente, indicó, fue desvinculado en la actual administración y luego contratado por el bloque del peronismo.

Cómo se inició la investigación

Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó que el expediente tuvo origen en una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas a partir del análisis de las rendiciones del programa. Tras detectar presuntas irregularidades, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, desde donde se presentó la denuncia penal que dio inicio a la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez Signes destacó además que el Estado provincial no se limitó a formular la denuncia, sino que intervino como actor civil con el propósito de reclamar la reparación económica del perjuicio ocasionado.

Asimismo, recordó que la Constitución y la normativa vigente impiden que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en una causa penal. Por ese motivo, la participación oficial se canaliza mediante la denuncia, la colaboración con la investigación judicial y la acción civil destinada a recuperar los recursos públicos presuntamente desviados.