En el marco de una política orientada a ordenar el patrimonio público y hacer más eficiente la administración del Estado, el Gobierno de Entre Ríos avanzó en la regularización de la ocupación de tierras fiscales que durante años se mantuvieron en situación irregular o sin fiscalización adecuada.
La medida abarca 124.000 hectáreas, cifra que representa el 65 por ciento de la superficie total de tierras fiscales registradas en el territorio provincial. La norma busca formalizar los permisos de uso, generar recursos tributarios para el erario público e imprimir mayor transparencia al manejo de los bienes inmobiliarios del Estado.
Un cambio de paradigma en el Delta provincial
Al inicio de la gestión actual, la gran mayoría de estos predios públicos carecía de un esquema de fiscalización o control efectivo. Fuentes señalaron que la mayor parte de estas hectáreas se concentra en la región del Delta entrerriano, principalmente en áreas pertenecientes a los departamentos Gualeguay y Victoria.
A través del Programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales, las ocupaciones fueron canalizadas mediante permisos onerosos de uso de suelo. De este modo, actividades productivas o de explotación que antes no tributaban pasaron a generar ingresos directos para las arcas provinciales.
Actualmente, las acciones están bajo la órbita de la recientemente creada Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), organismo que funciona en la órbita de la Secretaría General de Gobernación y que plantea como objetivo alcanzar la regularización del 100 por ciento de los inmuebles fiscales.
“Recuperar 124.000 hectáreas de tierras fiscales significa recuperar patrimonio que pertenece a todos los entrerrianos. Es parte de una decisión de ordenar el Estado, saber qué bienes tiene, cómo se administran y garantizar que estén puestos al servicio del desarrollo de la provincia”, afirmó Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación.
Relevamiento técnico e inventario de los lotes
Para potenciar el esquema de recaudación y cobro justo de cánones, la Aabiper proyecta un relevamiento exhaustivo sobre cada uno de los 200 lotes de propiedad provincial. La iniciativa busca precisar la capacidad productiva y el valor locativo real de cada predio, superando los criterios generales de cobro que se utilizaban hasta el momento.
“Tenemos muy en claro que se trata de propiedad pública que debe ser administrada en función del interés del conjunto de los entrerrianos, y para eso precisamos saber a ciencia cierta el potencial de cada inmueble”, remarcó Eduardo Asueta, presidente de la Aabiper.
Asimismo, la agencia prevé implementar un sistema público y digitalizado para que cualquier ciudadano pueda conocer el destino de los inmuebles provinciales y participar en igualdad de condiciones en las compulsas para la adjudicación de contratos de uso oneroso.
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