Según un informe, seis de cada diez chicos de 8 años ya tienen celular propio en Argentina

La presencia de la tecnología en las infancias alcanza niveles sin precedentes en el país. El 59% de los chicos que cursan el 3er grado de la escuela primaria ya cuenta con un teléfono celular propio. En tanto, un 23% no posee un dispositivo personal pero utiliza habitualmente el de su madre, padre o algún familiar cercano. Con estos números, a nivel nacional solo el 18% de los estudiantes de 8 años se encuentra completamente al margen del acceso a las pantallas móviles.

Si bien la tenencia de dispositivos es sumamente alta en todo el territorio, existen marcadas diferencias geográficas y socioeconómicas. En distritos como Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de 3er grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción desciende y ronda el 40%. Asimismo, la brecha económica se hace notar: el 63% de los estudiantes del sector social más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al sector más vulnerable. La tendencia se profundiza aún más al llegar a la secundaria, donde la tenencia trepa drásticamente al 90%.

El debate global: ¿prohibir o regular en las aulas?

La creciente preocupación por el impacto negativo de los teléfonos en la atención, el aprendizaje y el bienestar emocional de los alumnos impulsó en los últimos años la expansión de políticas que restringen su uso dentro de los establecimientos educativos. Según datos internacionales, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.

Sin embargo, la evidencia científica sobre el impacto real de estas prohibiciones sigue siendo dispar. Las investigaciones reflejan que las normativas más estrictas logran un objetivo claro: reducir notablemente el tiempo de uso y las distracciones dentro del aula. A pesar de esto, no siempre se observa una traducción directa en mejoras académicas significativas; cuando existen mejoras, suelen ser moderadas y se concentran principalmente en estudiantes de bajo desempeño o de sectores vulnerables. Los resultados también son diversos en materia de convivencia: mientras algunos análisis muestran una baja en los casos de bullying, otros no detectan cambios en el clima escolar.

La situación en Argentina: un mapa heterogéneo

Actualmente no existe una normativa nacional unificada que ordene la utilización de estos dispositivos en las escuelas argentinas. Según pudo saber INFORME 3, al menos 11 jurisdicciones —lo que representa el 45% de las provincias— avanzaron de forma independiente con sus propias leyes, resoluciones o protocolos de restricción, mientras que el 55% restante todavía carece de marcos regulatorios definidos.

Ciudades y provincias como Buenos Aires (CABA), Santa Fe y Formosa establecieron limitaciones amplias y severas en los niveles inicial y primario. Por su parte, la provincia de Buenos Aires restringe su uso únicamente en la escuela secundaria, mientras que Mendoza autoriza los dispositivos solo cuando tienen un fin pedagógico explícito y bajo la supervisión de un docente. En tanto, jurisdicciones como Salta y Tucumán optaron por un modelo flexible que habilita adaptaciones según el contexto y las necesidades de cada institución.

La mirada de los especialistas

La comunidad experta coincide en que el fenómeno expone tensiones profundas entre la educación, las dinámicas familiares y el mercado digital.

Andrea Goldín, investigadora del CONICET y especialista en neurociencia, advierte sobre los límites de las soluciones drásticas: “En la actualidad se prohíbe el uso de teléfonos celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente. De hecho, los estudios controlados no parecen mostrar que la prohibición cambie los hábitos de los chicos. Más bien da la sensación de que se barre el problema bajo la alfombra. Considero que no hay que dejarse deslumbrar por las tecnologías, sino aprender a usarlas con objetivos pedagógicos claros”.

Por su parte, el sociólogo e investigador Alejandro Artopoulos analiza el trasfondo social de la medida: “La prohibición de los celulares es síntoma de un cambio político-cultural reactivo ante una epidemia de salud mental, en el contexto de la creciente anomia en familias y comunidades. Ni el prohibicionismo es una solución, ni deberíamos culpar solo a los algoritmos. Es necesario desplegar estrategias de salud pública orientadas a la salud mental”.

Desde la perspectiva del cuidado de las infancias, Lucía Fainboim, especialista en bienestar digital, pone el foco en la temprana edad de acceso: “Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio. Esa naturalización es consecuencia de un ecosistema digital pensado para incorporar usuarios cada vez más temprano. El problema es que esas lógicas de mercado contradicen lo que sabemos que necesita una infancia saludable: tiempo para jugar, moverse, aburrirse y construir vínculos”.

Finalmente, Melina Masnatta, experta en tecnología educativa, invita a repensar el rol de la escuela frente a las pantallas: “Si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla. Trasladar evidencia sin contexto es un error. Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes”.