La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión preventiva y temporal de todas las actividades operativas de la empresa Litoral Fish SRL, un establecimiento dedicado al procesamiento de pescado ubicado en la ciudad de Victoria. La firma no podrá retomar sus tareas habituales hasta que regularice de forma integral su situación ambiental.
La medida restrictiva fue dispuesta mediante una resolución oficial firmada el pasado 3 de julio. En paralelo al cese de actividades, el organismo provincial resolvió iniciar un sumario administrativo contra la firma pesquera debido a presuntos y reiterados incumplimientos de la normativa vigente.
Información que tuvo acceso INFORME 3 indica que la planta industrial desarrollaba sus tareas de procesamiento de pescado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, un requisito obligatorio y excluyente para este tipo de complejos industriales. Asimismo, el expediente detalla que la firma no respondió de manera adecuada ni en los plazos correspondientes a los requerimientos técnicos formales dictados durante el proceso de evaluación de impacto.
La investigación administrativa se originó a partir de una serie de inspecciones de control y del análisis de la documentación técnica aportada por la propia empresa. A estos elementos se sumaron posteriormente denuncias formales por presuntas irregularidades vinculadas al deficiente tratamiento de efluentes líquidos y a la gestión de los residuos biológicos derivados de la actividad pesquera. Al expediente también se incorporaron presentaciones y reclamos efectuados por otros frigoríficos exportadores de pescado de río que operan en la región.
Desde las áreas de control ambiental señalaron que, ante la falta de cumplimiento de las exigencias técnicas y con el objetivo primordial de prevenir un daño ambiental en la zona del litoral, correspondía aplicar una medida cautelar de ejecución inmediata.
La suspensión de las actividades de procesamiento permanecerá vigente por tiempo indeterminado hasta que Litoral Fish SRL cumpla con las normativas requeridas. En tanto, la empresa fue formalmente imputada dentro del sumario y contará con un plazo legal de diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes para su defensa.
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