Bancos y billeteras virtuales deberán habilitar el Cobro con Transferencia (CCT) desde el 31 de agosto. Sin embargo, entidades financieras advierten por fallas operativas y pidieron postergar o cancelar la iniciativa.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que los bancos y los proveedores de servicios de pago deberán tener operativo a partir del 31 de agosto el sistema de Cobro con Transferencia (CCT). La herramienta fue diseñada para facilitar el pago de cuotas de préstamos mediante débitos directos desde cuentas bancarias (CBU) o virtuales (CVU), reemplazando en estas operaciones al tradicional Debin recurrente.
A pocos días de la fecha límite establecida por la autoridad monetaria, el sector financiero expresó serios reparos respecto de su implementación. La información indica que, hasta el momento, solo una entidad bancaria tradicional y una fintech de créditos estarían en condiciones técnicas de activar el servicio desde la fecha fijada.
Cómo funcionará el Cobro con Transferencia
El CCT funciona de manera inversa al Pago con Transferencia que se utiliza habitualmente para abonar mediante código QR. Toma como referencia esquemas implementados en otros países, tales como Pix Automático en Brasil y AutoPay en India.
Para utilizar la herramienta, el usuario deberá iniciar la solicitud del préstamo a través de una billetera virtual o del home banking. Al aceptar las condiciones, tendrá que vincular la cuenta en la que recibirá el dinero y de la cual posteriormente se debitarán las cuotas.
El esquema prevé hasta tres intentos para cobrar cada vencimiento, separados por intervalos de 48 horas. En caso de que no prosperen por falta de saldo, la entidad no podrá realizar débitos retroactivos mediante este mecanismo y deberá acordar con el cliente otra vía para cancelar la deuda.
Fondos alcanzados y limitaciones técnicas
Una de las particularidades del sistema es que operará exclusivamente sobre fondos disponibles directamente en cuentas identificadas con CBU o CVU. De este modo, quedan excluidos los saldos invertidos o remunerados, los fondos depositados en cuentas comitentes de agentes de liquidación (ALyC) y las divisas adquiridas a través del dólar MEP. Tampoco se podrán debitar saldos en criptomonedas, salvo que las plataformas correspondientes operen formalmente con una CVU vinculada.
Las cámaras bancarias mantuvieron reuniones con el BCRA durante las últimas semanas para solicitar precisiones operativas y requerir una prórroga. Ante la falta de respuestas, las entidades llegaron a pedir formalmente la cancelación de la normativa.
Entre los principales cuestionamientos del sector figuran:
Límite de reintentos: Las tres opciones de cobro en 48 horas no contemplan los casos en los que el usuario cobra su salario días después del vencimiento, lo que obligará a recurrir a mecanismos manuales de recaudación.
Cuotas fijas: El sistema exige cuotas idénticas, lo que impide incorporar automáticamente los intereses punitorios generados por atrasos previos.
Restricción entre cuentas: La normativa no permite buscar fondos en otras cuentas del mismo titular, a pesar de que en la Argentina los usuarios poseen, en promedio, unas ocho cuentas entre bancarias y virtuales.
Un debate que cruza la morosidad y el crédito
La entrada en vigencia de esta norma coincide con un escenario de creciente preocupación por el nivel de morosidad en el sistema, donde unos 6,8 millones de deudores registran atrasos. Mientras el Gobierno descartó impulsar un programa de rescate financiero al considerar que se trata de compromisos entre privados, en el Congreso se analizan iniciativas orientadas al refinanciamiento de deudas.
Desde la Cámara Argentina Fintech aclararon que los bancos concentran el 81,1 % del crédito total y el 63 % del monto irregular, mientras que las billeteras virtuales representan el 11,7 % del financiamiento y el 16,3 % de la mora.
Tanto los bancos como las empresas fintech coinciden en que el nuevo mecanismo no resolverá los índices de incumplimiento y advierten que las trabas operativas podrían terminar reduciendo el acceso al crédito para la población.





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