El Gobierno nacional redefinió sus competencias sanitarias para priorizar el abordaje de la ludopatía y el consumo de sustancias psicoactivas a través de una modificación en la Ley de Ministerios N° 22.520. Mediante el Decreto N° 771/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la actualización normativa para incluir de forma explícita el diseño y la ejecución de medidas de prevención y tratamiento como una política pública central.
La nueva regulación establece el desarrollo integral de estrategias de concientización, capacitación, investigación y asistencia frente al crecimiento de estas problemáticas en la sociedad.
Fuentes consultadas indicaron que este cambio de enfoque se fundamenta en las alarmantes cifras registradas durante 2025 por el Observatorio Argentino de Drogas en estudiantes de nivel secundario. El informe reveló que más de un 25 % de los alumnos reconoció haber participado en apuestas con dinero en el último año, con una fuerte presencia en plataformas digitales. Ante este escenario, las autoridades consideraron urgente fortalecer las herramientas institucionales, la producción de evidencia y la red de dispositivos asistenciales especializados.
Abordaje integral y mayores controles en salud alimentaria
En el ámbito científico y médico, la ludopatía es considerada un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego y la afectación progresiva de la salud mental, la economía familiar y el desempeño académico o laboral. Al compartir mecanismos neurobiológicos y sociales con otros consumos problemáticos, la prevención, detección temprana y rehabilitación pasan a ser consideradas intervenciones directas de las políticas de salud pública.
Por otra parte, la actualización normativa amplió y fiscalizó las responsabilidades estatales en el control de bienes de consumo. El Ministerio de Salud ejercerá la rectoría y normativa en materia de salud alimentaria con el objetivo de garantizar la protección de la población en toda la cadena productiva.
Esta supervisión alcanzará a productos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos e insumos de transporte y comercialización, además de fiscalizar la elaboración de productos medicinales, drogas, material médico y la determinación de sustancias prohibidas en artículos de higiene y cosmética humana.
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